Julia Bustos

El asunto de la finca El Tagarral viene de lejos. Aunque los antecedentes, circunstancias que lo envuelven e incluso su ubicación son desconocidos para muchos, en los últimos días se ha constituido en un asunto de primer orden en la agenda política tricantina tras el buzoneo en los hogares de una carta de la Concejalía de Urbanismo que informa del “grave problema” existente tras la última sentencia referente a este caso, lo que no es para menos dado que la solución final a esta cuestión podría condicionar el futuro de este municipio.

El origen del problema data de 1987 cuando, previa la existencia del Tres Cantos independiente que conocemos hoy, el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar, municipio al que se adscribía Tres Cantos, acordó reclasificar el suelo de la urbanización Soto de Viñuelas 2ª y 3ª fases como terreno no urbanizable. Fue el llamado “Plan Bodonal”.

Los propietarios no quedaron conformes con la decisión e iniciaron un largo proceso legal que finalizaría, según fuentes oficiales, “con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992 condenando solidariamente a la Comunidad de Madrid y a los Ayuntamientos de Colmenar y Tres Cantos” a indemnizar a los propietarios por no haberles dejado construir. Dicha cuantía quedó fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2003 “en 42,43 millones de euros más los intereses”.

Hoy en día la mayoría de las hectáreas de la finca pertenecen a Nozar y Martinsa (dos constructoras, ahora en concurso de acreedores, que compraron la mencionada sentencia) y a la familia Masaveu. Los propietarios les vendieron sus tierras con el paso del tiempo por lo que estas empresas son las que deberían recibir la indemnización estipulada por el TSJM, un montante que asciende a 42 millones de euros.

Según el informe emitido recientemente por la representación procesal del Ayuntamiento, sólo quedan tres opciones: “pagar la sentencia, lo que supondría un desembolso de más de 1.000 euros por vecino; no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo de bienes patrimoniales y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales contra los “funcionarios responsables”, o promover un acuerdo con las otras administraciones condenadas y los demandantes en el cual se aporten soluciones encaminadas a satisfacer la condena impuesta a favor de los propietarios de dichos terrenos del Tagarral, sin necesidad de efectuar los enormes desembolsos de dinero que exigen las resoluciones judiciales”.

En contra

Para la Asociación de Vecinos de Tres Cantos el Ayuntamiento ha decidido asumir en solitario una solución unilateral del conflicto que resume en tres alternativas.

A la hora de hablar de la primera de las opciones, pagar, afirman que “mediante cuentas absurdas amenazan a los vecinos con un supuesto desembolso de 1.000 euros cada uno ¿Por qué asumen que Tres Cantos debe pagar 42 millones? Si se toma esa decisión, la cuenta es falsa y estas deudas no se pagan por derrama, pero consiguen que muchos vecinos se asusten”.

En cuanto a esperar a la decisión del juez, señalan que “al tratarse de una indemnización solidaria no está delimitado contra quién actuaría el juzgado ni en qué cuantía. Pero, de nuevo (el Ayuntamiento) asume que sea sólo contra Tres Cantos. El embargo únicamente puede efectuarse contra parcelas patrimoniales no afectas a servicios o dotaciones. Circunstancias que solo reúnen parcelas para Oficinas e Industria en el nuevo desarrollo.  Esta opción, según advierte la sentencia, podría dar lugar además a sanciones o procesos penales que afectarían afectar, en nuestra interpretación, a las autoridades responsables de la no ejecución de la sentencia en las tres administraciones implicadas”.

Por último, se oponen radicalmente a promover ningún “acuerdo”. Hablan del mismo como una recalificación, un cambio en la calificación del terreno del Tagarral a urbanizable que contravendría el “acuerdo de todos los grupos políticos en el Pleno de septiembre de 2005”. Consideran que este acuerdo ha estado intentándose “desde hace más de un año a espaldas de los vecinos y de buena parte de nuestros representantes legales, como la solución sin coste para todos. Despreciando el coste real de merma de nuestra calidad de vida, de masificación de nuestras dotaciones y servicios públicos y de atentado contra el medio natural”.

La Asociación de Vecinos ha querido remarcar que “el problema no es responsabilidad directa de los tricantinos. La solución debe proponerla el demandado principal, la Comunidad de Madrid y, contra esta administración debería ir prioritariamente el Juzgado”y que “los sucesivos gobiernos de la Comunidad y los Ayuntamientos implicados han obviado irresponsablemente el problema permitiendo una escandalosa acumulación de intereses hasta multiplicar por más de 3 veces la indemnización inicial”.

En esta misma línea se manifiesta el grupo municipal Iu-Los Verdes. Exigen “al alcalde y al Gobierno Municipal del Partido Popular que defienda los intereses de Tres Cantos y no los de Colmenar Viejo o la Comunidad de Madrid; dos administraciones a las que no parece afectarles este tema, a pesar de haber sido ellas las causantes”.

Además no entienden “porqué Folgado se empeña en resolverle el problema a Esperanza Aguirre y al acalde de Colmenar Viejo, teniendo en cuenta que ellos no han iniciado ningún tipo de acción. Proponemos que actuemos como ellos y que mientras la Comunidad de Madrid, con Aguirre a su cabeza, no ponga solución, sean los juzgados quienes dictaminen qué se debe hacer”.

No son las únicas voces discordantes. Fernando de Santiago, en su blog personal, afirma que “debemos recordar que el Partido Popular lleva gobernando en este municipio desde el año 2000 y desde entonces ha ostentado la cartera de Urbanismo. Desde 2007 gobierna en solitario con mayoría absoluta y presume de una gestión impecable. Esa gestión no es ni tan eficaz, ni tan eficiente, ni tan ejemplar. ¿Ustedes conciben que si van a tener que hacer frente a una indemnización no se tome ninguna medida de ahorro? ¿No se deberían haber realizado provisiones en época de bonanza para hacer frente al pago que corresponda? Pues bien, eso es lo que ha ocurrido en Tres Cantos. Lo más curioso es que para resolver este asunto nos proponen como solución tres alternativas y el Partido Popular, cómo no, se inclina por una solución en solitario que consiste en más ladrillo sobre el suelo de Tres Cantos.

El Partido Popular se defiende: “llegados a este punto, el equipo de gobierno municipal actual tiene que hacer frente a esta condena heredada de cuando ni siquiera Tres Cantos estaba constituido como municipio”. Además, afirman que “el TSJM ha comunicado la ejecución forzosa de la sentencia y ha apercibido que, de no ejecutarse voluntariamente, procederá al embargo de bienes patrimoniales de las administraciones y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales contra los funcionarios responsables”.

En el pleno del 29 de febrero se abordará el asunto para decidir cuál es la mejor solución. Entre tanto, Jesús Moreno, segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda ha querido lanzar “un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos. Estamos trabajando junto a las otras dos administraciones (Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Colmenar Viejo) para dar con la mejor solución para los ciudadanos de Tres Cantos”.